Samaná.– Un fallo emitido por el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de Samaná ha generado controversia e inquietud en la opinión pública, luego de que una mujer acusada de una violenta agresión fuera puesta en libertad bajo medidas que algunos consideran insuficientes frente a la gravedad del hecho.
El juez Wilton Oniel Peguero Rodríguez, adscrito al Tribunal de Instrucción del municipio de Santa Bárbara de Samaná, ordenó la libertad de Morelin Eusebio Ribota, quien enfrenta acusaciones por agredir brutalmente a otra mujer durante un altercado ocurrido recientemente en esa demarcación.
La información fue ofrecida por el abogado Oscar Mariñez, representante legal de la víctima Kirsi de la Cruz, quien explicó que la imputada atacó a su defendida utilizando un caco de botella, provocándole una lesión facial severa, con consecuencias físicas visibles y posibles secuelas permanentes.
De acuerdo con la defensa, el ataque fue un acto de violencia directa que puso en riesgo la vida y la integridad física de la víctima, quien tuvo que recibir atención médica especializada debido a la profundidad y ubicación de la herida causada en el rostro.
Pese a la naturaleza del hecho, el tribunal impuso a la imputada una garantía económica de 30 mil pesos, además de la medida de visita periódica, decisión que ha sido calificada por la parte querellante como desproporcionada y carente de sentido de justicia.
El abogado Mariñez informó que este miércoles fue presentado un recurso de apelación ante el Ministerio Público, alegando que durante el proceso se produjeron violaciones a los derechos fundamentales de la joven Kirsi de la Cruz, especialmente en lo relativo a la protección de la víctima.
Según explicó el jurista, el Código Procesal Penal establece que los hechos imputados constituyen un delito grave, por lo que corresponde la aplicación de prisión preventiva, al tratarse de una agresión con arma impropia que ocasionó daños físicos considerables.
Mariñez sostuvo que decisiones como esta envían un mensaje preocupante a la sociedad, al minimizar actos de violencia extrema y dejar en estado de vulnerabilidad a las víctimas, quienes esperan una respuesta firme por parte del sistema judicial.
Aunque el proceso penal continúa su curso y la imputada deberá presentarse periódicamente ante las autoridades, persiste un sentimiento de injusticia e indignación, tanto en la familia de la víctima como en sectores de la comunidad.
El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de aplicar con mayor rigor las medidas coercitivas en delitos violentos, así como la urgencia de fortalecer la protección legal y psicológica de las víctimas de agresiones físicas en la República Dominicana.
