Ciudadanos extranjeros y familias locales advierten sobre una profunda crisis de seguridad jurídica inmobiliaria en Samaná, marcada por amenazas, desalojos, conflictos de larga data y presuntas redes dedicadas a la apropiación ilegal de tierras.
La zona de Los Astilleros, en el distrito municipal de El Limón, vuelve a estar en el centro de la atención pública tras una serie de denuncias presentadas por ciudadanos extranjeros que aseguran ser víctimas de presuntas invasiones de terrenos, acompañadas del uso sistemático de documentación falsificada y actos de intimidación. Los hechos denunciados reflejan una problemática cada vez más visible en la provincia de Samaná, donde los conflictos por la tierra se han intensificado en los últimos años.
Según los denunciantes, estas prácticas no responden a hechos aislados, sino a un esquema organizado que busca apoderarse de propiedades privadas, especialmente en zonas de alto valor turístico y estratégico. La utilización de títulos presuntamente falsos, actos de venta irregulares y amenazas directas contra propietarios legítimos forman parte del modus operandi descrito en las denuncias depositadas ante las autoridades.
Denuncias formales y personas señaladas
Los afectados señalan directamente a Alexis Encarnación y a un supuesto abogado identificado como Alberto Valentín Matos Guzmán, conocido en la zona como “El Loco Tron”, como presuntos responsables de amedrentar a los propietarios para forzarlos a abandonar sus terrenos. De acuerdo con los testimonios, estas personas se presentarían como dueños legítimos o representantes legales, respaldándose en documentos cuya autenticidad es cuestionada.
Entre las víctimas figura el ciudadano italiano Egidio Grosso, quien junto a su representante legal y administrativo, Martín Ramón, interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía de Samaná el 8 de marzo de 2025. En el expediente se detallan supuestas amenazas, intentos de ocupación y la exhibición de documentación que, según los denunciantes, habría sido elaborada de manera fraudulenta.
El documento presentado ante el Ministerio Público describe un patrón de conducta que incluiría intimidación directa, presión psicológica y la utilización de supuestos actos de venta para legitimar reclamaciones sobre terrenos ubicados en Los Astilleros, una de las áreas más codiciadas del distrito municipal de El Limón.
Un conflicto que trasciende a los inversionistas extranjeros
Aunque los casos más recientes involucran a ciudadanos extranjeros, la problemática se extiende también a comunidades rurales históricas. En sectores como La Barbacoa y otras zonas de El Limón, cientos de familias campesinas denuncian desalojos que consideran arbitrarios, alegando que abogados y particulares intentan despojarlos de tierras que han ocupado y trabajado por generaciones.
Estas familias sostienen que los reclamos en su contra se basan en títulos cuya procedencia resulta dudosa y que, en muchos casos, habrían sido emitidos décadas después de que los terrenos ya estuvieran ocupados por comunidades agrícolas. Esta situación ha generado un clima de tensión social y desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar la seguridad jurídica.
Medidas judiciales e investigaciones en curso
Ante el aumento de los conflictos, las autoridades judiciales han comenzado a adoptar medidas para contener la situación. En semanas recientes, distintos tribunales de la provincia han impuesto medidas de coerción contra grupos señalados como invasores, incluyendo órdenes de alejamiento, presentación periódica ante el Ministerio Público y prohibiciones de acercamiento a las propiedades en disputa.
Paralelamente, fuentes vinculadas a las investigaciones confirmaron que las autoridades han recolectado evidencias documentales y testimoniales que apuntan a la existencia de estructuras organizadas dedicadas a la falsificación de documentos inmobiliarios. Estas redes operarían mediante la elaboración de actos de venta apócrifos y el uso indebido de nombres de personas fallecidas, ausentes o que nunca tuvieron vínculo con los terrenos reclamados.
Una crisis estructural de seguridad jurídica
La situación en El Limón vuelve a poner en evidencia una crisis estructural en materia de seguridad jurídica inmobiliaria en Samaná. Especialistas advierten que la falta de depuración histórica de títulos, la debilidad en los controles registrales y la alta valorización de la tierra han creado un escenario propicio para abusos y conflictos prolongados.
Mientras tanto, tanto inversionistas extranjeros como productores locales reclaman una intervención más firme del Estado que garantice el respeto al derecho de propiedad, el debido proceso y la protección de las comunidades vulnerables.
En medio de este escenario, la provincia enfrenta el desafío de restaurar la confianza en el sistema legal y frenar prácticas que, de comprobarse, no solo afectan a propietarios individuales, sino que también dañan la imagen de Samaná como destino seguro para la inversión y el desarrollo sostenible.
