Samaná. – Una grave denuncia sobre presuntos maltratos físicos, abusos de autoridad y cobros ilegales contra personas privadas de libertad ha salido a la luz en el centro penitenciario de la provincia de Samaná, generando preocupación entre familiares de internos y sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con la denuncia recibida por este medio de información nacional, los presuntos abusos estarían siendo cometidos por un oficial perteneciente a la Dirección de Inteligencia G-2 del Ejército Nacional, quien supuestamente participa en operativos e inspecciones dentro del recinto penitenciario.
Según informaciones ofrecidas por una fuente de entero crédito, varios reclusos estarían siendo víctimas de maltrato físico, así como confinados de manera arbitraria en una celda conocida entre los internos como “la Plancha”, la cual es señalada como un espacio de castigo extremo dentro del penal.
La fuente indica que estas acciones formarían parte de un patrón de intimidación y control, utilizado presuntamente para ejercer presión sobre los privados de libertad, en violación a los protocolos establecidos por el sistema penitenciario dominicano y los principios básicos de trato humano.
No es la primera vez que se reportan denuncias de este tipo en el centro penitenciario de Samaná. Se recuerda que en agosto de 2021, los reclusos realizaron una protesta denunciando presuntos abusos y malos tratos, situación que ya había generado llamados públicos para que se investigara la actuación de agentes vinculados al recinto.
En ese contexto, vuelve a mencionarse el nombre del oficial Aníbal Figuereo Díaz, presuntamente adscrito a la Dirección de Inteligencia G-2, sobre quien se espera que las autoridades competentes inicien una investigación formal e imparcial para esclarecer los señalamientos que se le atribuyen.
La denuncia también señala la existencia de supuestos cobros ilegales y extorsiones, consistentes en exigir dinero a familiares de los internos a cambio de permitir el ingreso de artículos básicos y necesarios, como alimentos, medicamentos y productos de higiene personal.
De confirmarse, estas prácticas constituirían una grave violación a las normativas del sistema penitenciario, así como a los derechos fundamentales de los reclusos y de sus familias, quienes dependen de estos insumos para garantizar condiciones mínimas de dignidad dentro del penal.
Juristas consultados advierten que este tipo de conductas podrían tipificarse como concusión y prevaricación, delitos contemplados en el Código Penal dominicano, al tratarse de cobros indebidos y del uso abusivo de funciones públicas para beneficio personal o de terceros.
Diversos sectores han reiterado que estas denuncias ameritan una respuesta inmediata y transparente por parte de la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Defensa, a fin de salvaguardar los derechos humanos y la credibilidad de las instituciones.
Hasta el momento, no se ha emitido una versión oficial por parte de las autoridades señaladas. Entretanto, organizaciones de la sociedad civil y familiares de internos esperan que se realice una investigación exhaustiva que permita establecer responsabilidades y garantizar que cesen los presuntos abusos dentro del centro penitenciario de Samaná.
