Santa Bárbara de Samaná. – Los abogados de un propietario de una finca agrícola ubicada en el municipio de Santa Bárbara de Samaná informaron que solicitarán formalmente una orden de protección ante las autoridades judiciales, tras denunciar una serie de robos de cosechas, actos de acoso reiterado y amenazas de muerte en contra de su cliente, en un conflicto que aseguran se ha prolongado durante varios años.
El afectado es Jonathan Peguero Ortega, quien, de acuerdo con sus representantes legales, Anyanaris Gendort y Víctor Hidalgo Padilla, ha sido objeto de intimidaciones constantes que han puesto en riesgo su integridad física, la de su familia y la seguridad de su propiedad agrícola. Los abogados sostienen que esta situación ha generado un clima de temor permanente y vulnerabilidad.
Según explicaron los juristas, los hechos se remontan al momento en que Peguero Ortega adquirió legalmente los terrenos, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la ley dominicana. A partir de dicha adquisición, comenzaron a presentarse conflictos relacionados con la ocupación irregular del predio y la sustracción sistemática de productos agrícolas sembrados en la finca.
Los abogados detallaron que el robo de cosechas no solo representa una pérdida económica significativa para su cliente, sino que forma parte de un patrón de hostigamiento que busca desalentar el uso legítimo de la propiedad. A esto se suman amenazas verbales y mensajes intimidatorios que, aseguran, han escalado en gravedad, incluyendo advertencias directas de muerte.
“El nivel de acoso ha ido aumentando con el paso del tiempo, sin que hasta el momento se haya garantizado una protección efectiva a nuestro representado”, manifestaron Gendort y Hidalgo Padilla, al señalar que esta no es la primera ocasión en que su cliente se ve obligado a recurrir a las autoridades en busca de auxilio.
El caso ha adquirido una dimensión institucional luego de que las denuncias y reclamos llegaran hasta la Inspectoría General del Ministerio Público, organismo interno encargado de investigar posibles faltas, irregularidades o mala conducta de fiscales y otros funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, con el objetivo de establecer responsabilidades disciplinarias.
Los representantes legales indicaron que la situación de Peguero Ortega ha sido expuesta durante años a través de distintos canales y medios, sin que, según afirmaron, se haya logrado una respuesta definitiva que garantice el respeto a su derecho de propiedad y su seguridad personal.
Ante este panorama, los abogados anunciaron que procederán con la solicitud formal de una orden de protección, la cual permitiría establecer medidas legales urgentes para evitar nuevos acercamientos, amenazas o actos de violencia, tanto contra el propietario como contra su finca.
Asimismo, no descartaron acudir a instancias superiores del sistema judicial y administrativo si la situación persiste, con el fin de lograr una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares contra los responsables de los hechos denunciados.
Hasta el momento, las autoridades policiales y judiciales no han emitido una declaración oficial sobre el caso ni sobre el curso que tomará la solicitud de protección, mientras la comunidad local observa con preocupación el desarrollo del conflicto.
El caso continúa bajo seguimiento, a la espera de que el Ministerio Público y los tribunales competentes adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad del denunciante y esclarecer los hechos que, de acuerdo con la defensa, constituyen una grave vulneración a la ley y al orden público.
